El reconocimiento del derecho a la vivienda fue uno de los aspectos más relevantes que introdujo la Constitución Española en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque nunca ha llegado a ser desarrollado en forma de una ley específica (la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, aun siendo una pieza importante, solo lo regula parcialmente), España tuvo durante mucho tiempo su propio modelo de políticas de vivienda: un modelo basado principalmente en la promoción de vivienda protegida de obra nueva, junto con la disposición de importantes ayudas al sector inmobiliario, que facilitaron la inversión, financiación, construcción y adquisición de vivienda. Este modelo se mantuvo hasta 2008. Fue entonces cuando el sobreendeudamiento, el agotamiento del crédito y la inflación, hicieron que colapsara.
El viejo modelo tenía sus virtudes y sus inconvenientes. Convirtió a la mayoría de los españoles en propietarios, pero también hipotecó a muchas familias, alimentó la especulación y privatizó recursos públicos. Este modelo, que por otra parte siempre se consideró una rareza en el contexto europeo, quedó agotado tras la crisis económica. Ahora es impensable volver atrás. La sociedad española y la situación económica, así como nuestro conocimiento de las consecuencias de las dinámicas especulativas lo hacen imposible. Es necesario encontrar uno nuevo, pero ¿cuál?
Poniendo un ejemplo del ámbito municipal, recientemente el alcalde de Barcelona, el socialista Collboni, ha reconocido que la medida de la cesión del 30% de vivienda protegida en suelo urbano, que él mismo había defendido, no ha funcionado y se tiene que modificar. Pero hace tan solo seis años todo el grupo socialista votó a favor de esta medida, su voto fue necesario para que pudiera ser aprobada, y hasta hoy nunca se habían atrevido a criticarla. Collboni tampoco ha aclarado en qué sentido pretende modificarla o si la va a derogar. Es evidente que el partido socialista carece de modelo y camina a ciegas arrastrado por sus socios extremistas.
La desorientación del Gobierno central es notable y ni ellos ni la Oposición parecen saber qué hacer. Durante estos últimos quince años que han seguido a la crisis tanto populares como socialistas han hecho pruebas y han modificado algunas regulaciones que en parte luego han tenido que rectificar… pero no han cambiado de modelo. Las leyes siguen siendo las mismas. No han servido para crear algo nuevo sino para seguir tirando con lo que tenemos de manera precaria. Por su parte, lo único que han podido hacer los Gobiernos autonómicos es aprobar nuevas leyes de vivienda, más bienintencionadas que eficaces, que tratan de aliviar las situaciones de emergencia habitacional de las familias más vulnerables. Estas medidas no sirven para impulsar ningún cambio ni son capaces de solucionar el problema de la falta de vivienda asequible en las grandes ciudades. Son medidas provisionales. Mientras tanto seguimos esperando que un Gobierno presente una propuesta viable, con medidas estructurales y no coyunturales, que mire hacia el futuro y que responda a las necesidades de la sociedad española.
Porque este nuevo y necesario modelo de políticas de vivienda no puede ser el mismo que teníamos antes de la crisis. Tiene que modernizarse. Tiene que adaptarse a la sociedad española actual, que está cambiando rápidamente sus hábitos de consumo y de relaciones laborales y familiares.
El nuevo modelo no puede seguir considerando la vivienda simplemente como una inversión económica o un bien por el cual es preciso hipotecarse de por vida. La vivienda habitual, a diferencia de la que se destina a otros usos, no es solo una inversión, es un derecho, un recurso imprescindible para vivir con dignidad.
No se trata de hacer experimentos. Podemos aprender de las experiencias de otros países más avanzados en materia de vivienda, valorando los resultados de las medidas que han aplicado y teniéndolos en cuenta para saber si es posible trasladarlos a nuestro contexto cultural.
En definitiva, las políticas de vivienda tienen que acordarse entre todos los actores económicos y sociales porque requieren el compromiso del conjunto de la sociedad española. Tienen que perdurar en el largo plazo y, para conseguirlo, son los partidos mayoritarios los que tienen que ponerse de acuerdo. Pactar medidas con el apoyo de partidos extremistas o periféricos no conduce más que a un callejón sin salida, puesto que serán anuladas con el primer cambio de gobierno, incluso cuando, como hemos visto en el ejemplo de Barcelona, quien lo haga sea el mismo partido que se vio forzado a aprobarlas.
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