El desafío de consolidar un Pacto educativo en España es un imperativo que demanda consenso político y social. Es un hecho que, hasta 2018, más del 65 % de las leyes orgánicas se habían aprobado con el consenso de la oposición, pero en el caso de las relativas a la educación, ninguna. El contexto español ha sido testigo de un escenario marcado por la falta de consenso en la aprobación de estas leyes: en las últimas cuatro décadas, la aprobación de ocho leyes sin el respaldo unánime de las fuerzas políticas ha generado un entorno normativo inestable que compromete la calidad y la continuidad del sistema. Los intentos más serios de llegar a alcanzar un pacto fueron entre 2010 y 2011, en base a la propuesta del entonces ministro, Ángel Gabilondo, y el último, en 2017, por el ministro popular Méndez de Vigo, quien ofreció modificar algunos aspectos de la LOMCE y consensuar algunas cuestiones prioritarias para el sistema educativo, proponiendo, entre otras cuestiones, la reforma de la formación profesional y de la formación inicial de los docentes. Todos los intentos han fracasado, fundamentalmente por cuestiones electoralistas de los principales partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, dándole la espalda a los estamentos de la sociedad (alumnado, familias, sindicatos, directores, titulares de centros, ONG) que demandan la despolitización de la educación y la estabilidad normativa.
El pacto se revela como un vehículo esencial para abordar múltiples desafíos. Entre estos, se destaca la urgencia de forjar una educación equitativa e inclusiva, vital para la cohesión social. También para revertir algunas deficiencias estructurales de nuestro sistema, que nos retratan cada vez que se publican los resultados de las evaluaciones internacionales.
En referencia a la financiación, el análisis del gasto público destinado a la educación en España revela un promedio del 4,93% del Producto Interior Bruto (PIB). En este contexto, surge la imperiosa necesidad de asegurar una financiación equitativa y apropiada que abarque todas las etapas educativas, tanto en centros públicos como concertados. El concepto fundamental que debe regir esta discusión es el de «gasto justo y adecuado», no solo para garantizar recursos financieros suficientes sino también para distribuirlos de manera equitativa y asegurar una educación de calidad en todos los ámbitos. Resulta crucial insistir en la noción de «inversión» en educación, más que simplemente considerarlo como un gasto, aunque, por otra parte, es también de utilidad comprender que un incremento en el gasto por sí solo no garantiza una mejora automática en el éxito escolar del alumnado o en los resultados de las evaluaciones internacionales. Esta premisa encuentra respaldo en ejemplos como Japón, Irlanda o Alemania, naciones que, a pesar de situarse en unos niveles de inversión del 4% de su PIB, lideran los resultados en evaluaciones internacionales, como en los últimos PISA. Por tanto, se infiere que la eficiencia en la financiación educativa debe ser el punto focal, abordando aspectos claves para una gestión óptima de estos recursos.
Por otra parte, la reducción del abandono escolar prematuro y la mejora de los resultados académicos se erigen como recomendaciones incisivas, reiteradas y contundentes, como indicaba la Comisión Europea en su informe del 2019. Estas directrices apuntan a disminuir las cifras de abandono en España y, de manera más crucial, a mitigar la disparidad existente entre las distintas comunidades autónomas en este ámbito. El último dato estadístico nacional de 2022 sitúa el abandono escolar en un 13,3%, evidenciando una disminución cercana al 45% en los últimos años. A pesar de este avance, el país aún se encuentra lejos del objetivo del 10%, que ya había establecido la Unión Europea para el año 2020. La disparidad entre las comunidades autónomas es muy notable, destacándose el País Vasco y Navarra con tasas del 5,6% y 5,7% respectivamente mientras que Cataluña registra un 16,9%, Baleares un 18,2% y Murcia un 18,7%. Estas marcadas diferencias reflejan un desafío considerable en la uniformidad del sistema educativo a nivel nacional. Las elevadas tasas de abandono escolar no solo obstaculizan las oportunidades económicas de un país sino que también debilitan la cualificación y perspectivas de futuro de los jóvenes, socavando así el potencial de desarrollo y crecimiento de la nación en su conjunto.
Para afrontar esta problemática, se hace necesario implementar estrategias específicas que aborden las disparidades entre las distintas regiones. Estas acciones deben enfocarse en la identificación de factores clave que contribuyan al abandono escolar, así como en la aplicación de políticas educativas adaptadas a las necesidades particulares de cada comunidad autónoma. La inversión en programas de apoyo, el fortalecimiento de la orientación vocacional y la implementación de medidas para mejorar la calidad y accesibilidad de la educación son aspectos centrales para abordar este desafío. Además, se requiere un enfoque integrado y coordinado entre la administración central y las autonómicas para asegurar una estrategia nacional que promueva la equidad y la excelencia en todo el territorio español.
Una parte del descenso en los datos de abandono escolar de los últimos años se debe al incremento de tasas de escolarización en formación profesional, la cual es esencial para potenciar el entorno laboral y para abrir nuevas expectativas para los jóvenes. Aunque la última Ley de Formación Profesional propone un intento de extender la formación dual a todos los ciclos formativos, para el desarrollo de estas medidas se precisa de manera inexcusable contar con la participación de los sectores productivos, ya que gran parte de esta formación se realiza en los centros de trabajo, fortaleciendo la relación con los centros y administraciones educativas, así como incentivando la contratación del alumnado ya formado en estas empresas, una vez finalizados sus estudios. También relacionado con este ámbito es crucial reformar la orientación profesional en los centros educativos por medio de la implantación de una «educación para la carrera», con actuaciones que comiencen en las etapas iniciales de la escolarización, que no se basen solo en informar al alumnado en los momentos puntuales de toma de decisiones académicas y que, tal y como estudios recientes de la OCDE han destacado como experiencias de éxito, incluya contactos y experiencias profesionales en centros de trabajo con el alumnado de educación secundaria obligatoria y la adquisición de habilidades vocacionales para gestionar y dirigir el propio desarrollo de la carrera.
La selección y formación inicial del profesorado ha sido también un tema central en los últimos 15 años, con diversas propuestas enfocadas en garantizar la calidad en este ámbito. La premisa fundamental recae en la necesidad de reclutar a los mejores candidatos y proporcionarles una formación de alto calibre. Diferentes estudios de la OCDE han constatado que los buenos docentes, aquellos con mejor formación, con más capacidad de adaptarse a las necesidades de sus alumnos y con mayores competencias para conseguir implicarlos en las actividades que se desarrollan en la escuela, consiguen que sus estudiantes obtengan mejores aprendizajes. Esta noción ha permeado diversas propuestas, como la inclusión del MIR en la formación del profesorado, planteada por Gabilondo en su propuesta de pacto. Además, es importante fomentar la valoración social de los docentes. El aumento del prestigio de esta profesión no solo incentivaría a más estudiantes a aspirar a ella sino que también tendría el potencial de retener a los mejores profesionales en el ámbito educativo, ofreciéndoles reconocimiento, estatus y estima social.
Otro aspecto interesante a incluir en un futuro pacto es el relacionado con la inspección educativa, sobre la que es vital fomentar su independencia técnica y profesional, revisando la dependencia funcional de las administraciones educativas y evitando presiones que puedan hacer variar la valoración en sus informes. En relación con las funciones de Alta Inspección definidas en el artículo 149.1.30ª de la CE, en la actualidad son desempeñadas por asesores en comisión de servicios en las Delegaciones del Gobierno de las diferentes CCAA. Estas funciones deberían estar a cargo de inspectores educativos, asegurando la homologación del sistema y el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Por último, el bienestar emocional de los estudiantes debe ser un pilar fundamental en el entorno escolar y su cuidado y protección deben ser prioridades absolutas en la sociedad actual. La necesidad de fomentar estrategias nacionales que aborden de manera integral el acoso escolar, el ciberbullying y la salud mental entre el alumnado es ineludible. El acoso escolar y el ciberbullying representan desafíos crecientes en el contexto educativo. Estos comportamientos perjudiciales no solo afectan el desempeño académico, sino que también impactan profundamente en la salud mental y emocional de los estudiantes. La prevención y la intervención temprana son esenciales para garantizar un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje. Además, es crucial enfocarse en la salud mental de los estudiantes puesto que la presión académica, los desafíos socioemocionales y la incertidumbre del entorno pueden impactar profundamente en su bienestar psicológico. Es imperativo establecer programas integrales de apoyo emocional y psicológico en las instituciones educativas, que no solo brinden herramientas para afrontar el estrés y la ansiedad, sino que también eliminen el estigma en la búsqueda de ayuda profesional. La colaboración entre educadores, psicólogos, familias, gobiernos y la sociedad en general, es esencial para desarrollar estrategias efectivas y sostenibles.
Hay otros aspectos no menos importantes, como la promoción de la educación universal de 0 a 3 años o la necesidad de educar a nuestros niños en valores, derechos y responsabilidades como ciudadanos, en las que tendremos que ponernos de acuerdo sobre el modelo que los desarrolle y que deben formar parte del debate.
La construcción de un pacto educativo integral requiere la participación activa de todos los actores involucrados en este ámbito. Desde el Ministerio de Educación hasta familias, docentes y responsables de centros, todos deben ser partícipes en la formulación de un acuerdo que garantice un currículum nacional adaptable y flexible, respetando la diversidad y autonomía de las diferentes regiones.
En conclusión, la necesidad de este pacto de Estado en España trasciende las fronteras políticas. Es un llamado a la convergencia de estrategias y a la superación de diferencias partidistas en aras de un sistema educativo sólido y sostenible. La educación es el cimiento de una sociedad próspera y equitativa y su fortalecimiento demanda un compromiso colectivo que trascienda las coyunturas políticas.
José Luis Martínez García. Inspector de Educación
Socio Nexo Plataforma
