La innovación es indiscutiblemente un pilar fundamental del crecimiento económico, la competitividad y el progreso social. Repetidamente hemos visto en todo el mundo cómo las oleadas de innovaciones disruptivas han venido acompañadas de un aumento de la productividad y del bienestar social. Sin embargo, nuestro país se enfrenta a desafíos críticos en la gestión de la innovación en lo que respecta a la financiación pública, a los que hay que añadir la escasa relevancia de la financiación privada en comparación con otras economías como las anglosajonas.
Para entender a qué nos enfrentamos hay que tener en cuenta que el proceso de la innovación es complejo y desafiante y que se caracteriza por su imprevisibilidad. La innovación es transversal, veloz, caótica, ubicua, impredecible, multidimensional y no lineal. Esta naturaleza de la innovación se enfrenta a los ritmos más pausados de los procesos regulatorios, que exigen un delicado equilibrio entre sistematización y creatividad, aspectos que pueden llegar a ser contradictorios, así como a la lentitud, linealidad y previsibilidad de las políticas de ayudas públicas. En definitiva, estamos viendo que los modelos lineales y ordenados que han dominado históricamente las políticas de innovación en España no reflejan adecuadamente la naturaleza dinámica de la innovación, creando una brecha entre las políticas implementadas y las necesidades reales del mercado y del tejido empresarial.
Esta situación explica que España haya obtenido la calificación más baja de entre todos los países europeos en el apartado «Apoyo gubernamental a la I+D empresarial», incluido en el último informe de la Comisión Europea: «Innovation Scoreboard»[1].
En España la financiación privada no tiene la capacidad de actuar como motor principal de la innovación. Es necesario el liderazgo de la iniciativa pública. De ahí que la eficiencia y la efectividad en la distribución de los fondos públicos sean críticas. Lamentablemente, nos encontramos con que la gestión de estos recursos está siendo ineficiente, lo cual plantea un problema considerable para el fomento y sostenimiento de la innovación en nuestro país.
En términos académicos podemos decir que el actual enfoque de la gestión pública aplicado a la innovación, de tipo Keynesiano y sistematizado en exceso, no es capaz de conseguir unos resultados óptimos. Creemos que la ejecución de estas políticas debería conjugarse con un modelo más inspirado en Hayek, un modelo que, con una regulación e intervención mínimas, permitiera a las empresas españolas explorar y desarrollar más libremente sus ideas innovadoras. Este cambio de enfoque es esencial para cerrar la brecha entre las políticas de innovación y la realidad del mercado. Porque es en las empresas donde surge la innovación que impacta en el mercado y que acaba repercutiendo en el bienestar social[2].
Actualmente las empresas no son libres para innovar como y cuando quieran. Urge repensar y reformar las políticas de innovación en España. Se hace necesario un marco que favorezca un ecosistema innovador más adaptativo y receptivo a las condiciones cambiantes del mercado, las tendencias tecnológicas emergentes y las necesidades específicas de las industrias y sectores. Un sistema más flexible y dinámico en el que la intención de innovar surja de las empresas y que permita al conjunto de la sociedad española responder con mayor agilidad y eficacia a las oportunidades de innovación.
España se encuentra en un punto crítico en este campo. La necesidad de un cambio sustancial es clara: pasar de un enfoque rígido y planificado a un modelo más abierto, fluido y orgánico, que abrace el caos y la imprevisibilidad de la innovación. Este cambio es fundamental para aprovechar al máximo el potencial innovador del país y avanzar hacia un futuro económico y social más próspero y competitivo. La innovación no solo debe ser una prioridad en la agenda política sino que debe integrarse de manera efectiva y eficiente en el tejido económico y social, abriendo nuevos horizontes para el desarrollo y el progreso a través de un aumento de la confianza de la administración pública en el tejido empresarial: una confianza basada en las capacidades y en la madurez para innovar de las empresas que elimine las actuales restricciones que hacen que los proyectos de innovación sean lentos e ineficientes, acabando la mayoría fuera del mercado, al no superar el “valle de la muerte”.
Debemos abrir nuestras mentes. Seamos valientes y confiemos en las posibilidades potenciales que yacen en territorios desconocidos. Vayamos hacia la innovación de garaje que surja del empuje (push) de las empresas. Que no tenga que ser siempre la Administración la que nos dicte cuándo y cómo se debe innovar.
Manuel Giménez. Doctor en ingeniería informática. Socio Nexo Plataforma
[1] https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2023/ec_rtd_eis-country-profile-es.pdf
[2] Kenneth Arrow. Economic welfare and the allocation of resources for invention. In The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors.
