Comenté hace escasas fechas que el último bulo era el de Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando la polémica de estos días es eso de que hay una sanidad privada para los funcionarios. Nada más lejos de la realidad. Y nada más propicio que la desinformación de base para generar un debate estéril, enconado y, sobre todo, falso.
Muface no es sanidad privada, por mucho que haya quien se empeñe en ello. Se trata de un sistema de previsión social y de provisión de servicios asistenciales, un cometido que entra dentro de las funciones o modos de actividad de la Administración, la de servicio público. De hecho, Muface es jurídicamente un organismo autónomo dependiente hoy del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, con presupuesto propio, y que gestiona desde 1975, año de su creación, las prestaciones sociales de las que son beneficiarios los funcionarios del Estado, actualmente en un número de cerca de 1,6 millones de estos trabajadores públicos (los mutualistas que eligen prestación indirecta por el sector privado, frente a unos 800.000 que eligen la prestación directa a través de la Seguridad Social, dado que se puede elegir el modo de prestación).
El origen de Muface fue en los años 60 la necesidad de unificar las muchas mutuas y montepíos de funcionarios del Estado en España, que por la dispersión y variedad de modelos asistenciales, según el tipo de actividad que desarrollaban por su adscripción a diferentes órganos administrativos, recibían prestaciones, tanto sanitarias como de jubilación, fundamentalmente, muy precarias, con un modelo de seguridad social para el resto de los trabajadores que se fue modelando desde finales del siglo XIX con diferentes normativas hasta la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y la implantación de un modelo cada vez más universal, dado que desde entonces ha ido asumiendo sectores de población que anteriormente tenían su propio sistema mutual.
Lo que hace Muface, y esto debe quedar meridianamente claro, es prestar un servicio público que es de titularidad del Estado. No es un servicio sanitario o asistencial privado en absoluto. Otra cosa es que, como pasa por ejemplo con la basura que se recoge en muchos de nuestros municipios, o con el agua que sale de nuestros grifos en bastantes casos, o con muchos otros servicios públicos que se prestan, la Administración, en este caso la estatal, a través del organismo autónomo creado al efecto, considere que es más eficiente desde el punto de vista económico y prestacional contratar la gestión del servicio al usuario con empresas privadas: es la concesión propia de la colaboración público-privada. El motivo no es otro que la convicción de que el sector privado puede gestionar mejor y más eficazmente determinados servicios que como lo hace la maquinaria de la Administración. Y por eso se cede la gestión al sector privado, pero manteniéndose siempre la titularidad pública del servicio que se presta.
Actualmente el problema es que, ciertamente, el modelo de colaboración público-privado concesional de Muface -el que sean empresas privadas las que presten el servicio a lo funcionarios- no sale rentable en los números que el Estado plantea al ofertar esa concesión. Los datos indican que un funcionario de Muface supone un coste de algo menos de 1.000 euros, cuando el de un usuario medio de la Seguridad Social llega a superar los 1.600 euros. Los cálculos de las empresas es que podrían asumir el servicio con primas de aproximadamente 1.300 euros por usuario. Esas diferencias suponen una distorsión para las empresas que pueden ofertar la gestión del servicio que hace que, simplemente y como acabamos de ver, prefieran no presentarse al concurso licitado desde el Gobierno, un proceso en marcha dado que el actual contrato vence el 31 de diciembre de 2024.
Y a partir de ahí, si el Estado no es capaz de ofertar unas condiciones aceptables económicamente para el sector privado, será el Estado el que deba asumir directamente la prestación del servicio para sus funcionarios, para lo que tiene el Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que deberá integrar al cerca de millón y medio de funcionarios de Muface actuales.
¿Cuál es el problema? Fácil si se observa el punto de colapso que en muchas zonas de España presenta el SNS por carencias asistenciales, falta de personal y medios, listas de espera y frustración del usuario en un servicio tan sensible como el de la salud pública. Aumentar en 1,6 millones de usuarios un servicio ya deficiente da una idea de lo que puede estar por venir.
Es cierto que la cuota de mutualistas de Muface que eligen sanidad privada frente a los funcionarios que optan por la sanidad pública viene descendiendo año a año, y ello muestra de la convicción de la sociedad española de que tenemos un buen sistema de salud pública y que, realmente, el sector privado no cubre todos los tratamientos, fundamentalmente los más graves. Pero también es verdad que los datos de la población funcionarial arrojan una media de edad bastante superior, próxima a los 58 años en datos de 2022, lo que lo convierte en un sector de población más precisa de asistencia y, por tanto, con mayor coste económico previsible dada la mayor y creciente expectativa de vida en España.
Todo ello hace que al final estemos ante un problema, como el de todos los servicios públicos, de financiación del modelo. Una financiación que es tan precaria hoy para el modelo de gestión y prestación indirecta por empresas privadas en el caso de Muface como en el de prestación directa por parte del SNS con carácter universal. Añadámosle al cóctel el ingrediente de la gestión del segundo de los modelos por las propias CCAA en sus respectivos territorios y comprobaremos que la solución es algo más que compleja, porque ese más de millón y medio de funcionarios a absorber por cada comunidad no se repartirán equitativamente, sino que el mayor aporte de funcionarios hoy mutualistas al SNS se produciría en provincias como Ávila, Jaén, Zamora, Murcia, Cádiz o Lugo, mientras que las provincias de Cataluña, País Vasco y Madrid son los que menos sumarían. Otra diferencia notable que tener en cuenta.
De todo lo anterior se deduce que la sociedad española de 2024 no es la de 1975, como que, por supuesto, ha cambiado, y mucho, el perfil del funcionario público en nuestro país. Ello demuestra la necesidad de examinar, reformar y rediseñar el modelo de previsión sanitaria y asistencial, dado que la cuestión Muface no es más que la punta del iceberg de todo un modelo que debe ser sometido a un profundo análisis de evaluación de las políticas públicas en aquella materia y actividad administrativa de previsión y asistencia. Algo que parece difícil en el actual contexto de confrontación política y de tensión territorial siempre con un elemento que aquí se convierte en esencial: la financiación de los servicios públicos. Algo que no debería ser objeto de ideología, sino de perspectiva desde la eficacia y la eficiencia en la obtención y en el uso de recursos públicos. Algo para lo que quienes nos gobiernan aún no parecen preparados. Pero algo que, al fin y al cabo, urge asumir que hay que hacer, tanto para los funcionarios como para el total de los ciudadanos de este país, cuando resulta obvio que no se puede poner una vela a dios y otra al diablo, porque es imposible gastar más de lo que se tiene y tener un servicio razonable sin asumir su coste real, sea público o privado.
Juan Ignacio López-Bas Valero
Presidente – Nexo Plataforma
