Que tenemos un problema en España en materia de vivienda es un hecho. Solo hay que asomarse a la prensa diaria para encontrar indefectiblemente noticias que nos hablan de su falta en el mercado, de la imposibilidad de acceder a la misma en régimen de alquiler por la gran mayoría de los españoles -no pensemos ya en la opción de su compra-, de la ausencia de oportunidades de los jóvenes para salir de la vivienda familiar… Incluso se nos ofrecen de vez en cuando propuestas para solucionar este gran problema social. Y las hemos tenido de todos los colores: desde los incentivos a los propietarios para poner sus inmuebles en el mercado de alquiler hasta las ayudas a las rentas bajas para poder acceder a un arrendamiento en condiciones, pasando por anuncios tan grandilocuentes -como de resultados inexistentes-, como las cerca de doscientas mil viviendas que el Gobierno ha venido prometiendo desde hace años.
Simplemente y por hacer memoria: en julio de 2018, recién iniciado el primer gobierno de Pedro Sánchez, fue su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien prometía un plan de 20.000 viviendas en régimen de alquiler “a precios asequibles” mediante promoción pública, en un plazo “de cuatro a seis años”, un proyecto previsto en colaboración con las comunidades autónomas”. Posteriormente, y sin resultado alguno de lo anterior, ese plan subió hasta las 100.000 viviendas según anunció el Presidente Sánchez en octubre de 2021, al anunciarse “la primera Ley de Vivienda de la historia de la democracia». Ya a principios de 2022 se presentó dicha iniciativa, que terminó en la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda, en tramitación parlamentaria nada menos que más de un año ante los conflictos que generó en el seno del Gobierno de PSOE y UP, que llegó a presentar su propia Ley de Vivienda al margen del PSOE a finales de 2021, cuando ese mismo partido había dado su visto bueno antes al anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros que se remitiría poco después al Congreso.
Nada se ha sabido tampoco del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, cuando su vigencia se encamina ya a su final, y que sigue siendo un desideratum sin datos sobre su cumplimiento efectivo. Y en 2023, año electoral, tuvimos la gran catarata de promesas en materia de vivienda, tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas: nada menos que casi 120.000 viviendas en apenas unos días prometió Sánchez entre inmuebles de la Sareb (50.000 unidades), viviendas en alquiler a precio asequible (una vez más, y ahora 43.000 unidades), y hasta otras 20.000 unidades más a construirse en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que se sumaban a las cerca de 11.000 viviendas ya previstas en la conocida como “Operación Campamento” en Madrid, proyecto que data de hace más de dos décadas pero en el que aún no se ha colocado un ladrillo.
La política de vivienda en España, que ha visto reducirse hasta prácticamente la desaparición el modelo de vivienda protegida iniciado en los años 80 y que llevó a una disponibilidad creciente de este tipo de vivienda desde las 175.000 de 1995 hasta las 600.000 en 2005, ha sido en lo que llevamos de este siglo XXI básicamente una constante promesa de hacer pero una absoluta inacción real ante los problemas de acceso a la vivienda de la gran parte de la población y de unas generaciones resignadas a seguir viviendo con los padres o, en el mejor de los casos, a heredar los inmuebles de sus progenitores al fallecimiento de estos.
No ha habido, por tanto, ninguna política de vivienda efectiva, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico, digna de destacarse desde finales del siglo pasado, lo que ha generado el gran atasco que sufrimos en este momento, en el que medidas parche ya no son suficientes al tratarse de un problema estructural de quienes desde los gobiernos de PP y PSOE, pero incluso desde gobiernos autonómicos en Cataluña y País Vasco sin su presencia, han obviado un análisis serio y coherente del escenario de la vivienda a medio y largo plazo. El único, realmente, que puede hacerse con rigor.
La actual Ley por el Derecho a la Vivienda, a la que se presentaron hasta seis enmiendas a la totalidad y ochocientas sesenta enmiendas parciales (el que suscribe fue ponente de dicha ley en su trámite parlamentario), no ha supuesto, al menos hasta hoy, avance mínimo o solución alguna al problema de la escasez de vivienda. De hecho, tras varios recursos ante el Tribunal Constitucional, de cincuenta diputados del Partido Popular y de hasta varias comunidades autónomas (Madrid, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía), de los que solo uno ha sido fallado por el TC hasta el momento -el interpuesto por la Junta de Andalucía que, además, se estimó parcialmente- sigue pendiente la propia implementación de las alternativas que, ha de decirse, muy vaga y difusamente, prevé la norma. Y es que ninguna Administración está dispuesta a invertir en proyectos para los que pueda resultar después incompetente, una de las cuestiones discutidas, precisamente en los recursos interpuestos.
Hasta tal punto, de hecho, ha llegado esta esquizofrénica manera de plantear políticas de vivienda en nuestro país que un partido como ERC votó en abril de 2023 a favor de la citada Ley por el Derecho a la Vivienda en el Congreso, pero igualmente votó a favor de impugnarla por inconstitucional en el Parlament de Catalunya después, en septiembre de ese mismo año. Podemos imaginarnos así qué preocupación real tienen nuestros políticos, o algunos de ellos al menos, sobre el problema de la vivienda, más allá de discutir quién es competente para tomar esas decisiones que, sorprendentemente, no se toman desde hace más de tres décadas.
La política de vivienda no puede seguir por ello sometida a este populismo rampante de representantes públicos mediocres que aspiran únicamente a un mensaje rápido y contundente, aunque carezca de razón. O lo que es peor: de verdad. Cualquier política realista de vivienda pasa por una planificación correcta y con perspectiva a medio y largo plazo -de futuro- de temas tan complejos como las competencias estatales y autonómicas, y aún más, las locales, siempre olvidadas en el debate. Pasa por la necesaria fijación de objetivos comunes en los que cada Administración cumpla su cometido lealmente en beneficio de la ciudadanía a la que se deben, y no enfrascadas en constantes luchas competenciales mientras se aparca el problema. Pero pasa igualmente por ser conscientes de que la vivienda es el resultado de un proceso social, económico, urbanístico que lleva años diseñar y desarrollar. En el que es precisa una ingente inversión económica, más allá del gasto corriente, en el que la colaboración público-privada es esencial e ineludible. Un proceso que debería posiblemente buscar en el modelo de los conciertos que han servido en la sanidad o en la educación ejemplos en los que inspirarse, dado que ni la inversión pública llegará ni en tiempo ni en cantidad, ni pueden soslayarse derechos protegidos constitucionalmente como el de la propiedad privada (art. 33 CE) que deben coordinarse con principios rectores de la política social y económica, y entre ellos el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE).
Las reformas parciales que se proponen ahora, si superan su mero enunciado desde una tribuna ante enfervorizados fieles, suponen un desembolso público que, a medio y largo plazo, no resultan sostenibles si no se adoptan medidas estructurales en lugar de meramente coyunturales. Y ello pasa, a la larga, porque no hay alternativa a corto plazo más allá de esos paliativos transitorios, no tanto por ayudar al acceso a la vivienda sino por conseguir un acceso a la vivienda realmente posible en un entorno social y económico en el que ese derecho sea realmente eso: un derecho. Y no un lujo.
No entender ese proceso es no saber buscar alternativas donde antes las hubo y donde las sigue habiendo. Y donde, como en todo, se ha de innovar. Porque, como en tantas cosas, la verdadera solución requiere esfuerzo y tiempo. Y el populismo, como el aplauso complaciente, ese que tanto gusta a quienes hoy acaparan el ejercicio de la política, es enemigo de ambos.
Juan Ignacio López-Bas Valero
Presidente
Nexo Plataforma
