¿Hasta qué punto y por qué razones debe la política interferir en las decisiones meramente técnicas de los actores económicos? Estos días han sido, y seguramente seguirán siendo, los del debate de la opa hostil del BBVA hacia el Banco Sabadell. Un debate del que tenemos algunos argumentos políticos, pero pocos de carácter técnico y económico.
Sorprende que la clase política se haya pronunciado de manera casi unánime contra la fusión bancaria entre el BBVA y el Sabadell, adelantando todos los partidos juicios de valor sin disponer de información analítica detallada y objetiva de las circunstancias concurrentes, las consecuencias de las decisiones adoptadas y, sobre todo, de qué camino se seguiría, ya que no tiene por qué haber dos uniones bancarias iguales según el momento o los actores intervinientes.
Nadie ha puesto sobre la mesa sus justificaciones técnicas que revelen las consecuencias para los accionistas, que son los llamados a poner en oferta su patrimonio accionarial. Tampoco ha habido un planteamiento serio sobre la evolución laboral futura de las plantillas de ambas empresas. Ni siquiera se ha escuchado una valoración de lo que quizá sea lo más importante: la repercusión de esta posible fusión en la competencia, lo que dependerá absolutamente de cómo y con qué concretas medidas se llegue a desarrollar —¿una sola entidad por fusión total? ¿dos entidades segregadas parcialmente mediante una fusión fría? ¿mantenimiento de las dos entidades mediante una simple cesión de activos? —
Mucho se ha hablado de los riesgos para los clientes con hipotecas, cuando la ley establece claramente la imposibilidad de modificación unilateral de los contratos entre dos partes, en este caso banco y cliente. Pero igualmente hemos escuchado razones de corte territorial desde la política para defender que “esto es un ataque contra Cataluña y un banco catalán”, o que “la Comunidad Valenciana no debe permitir perder un banco valenciano”, argumentos sorprendentes justamente de fuerzas presumiblemente liberales en lo económico que de repente, han encontrado en la invocación territorial su gran, y único por ahora, argumento.
La decisión política que proceda sobre el particular debería centrarse en los riesgos para la sostenibilidad, la estabilidad y la seguridad del sistema bancario, y para la libre competencia en el mercado del crédito financiero ante la concentración empresarial. Que una campaña electoral autonómica marque el sentido de los argumentos da pistas de que no se está planteando el debate con un mínimo rigor.
