Recientemente se ha publicado una noticia que merece una reflexión: un hospital privado tarda dos meses en tratar a doce pacientes de cáncer, lo mismo que el hospital público madrileño La Paz durante todo el año 2022, con una maquina similar. Se trata de una máquina de ultimísima generación que combina imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN) con radioterapia. En el caso de La Paz, donada por Amancio Ortega. En el caso del centro privado, adquirida por sus accionistas.

Dejando al margen las polémicas que a veces han suscitado estas donaciones privadas -alguna opción política se ha posicionado en contra-, estas noticias ponen otro debate encima de la mesa: ¿Es más eficiente la sanidad privada que la pública? Y en ese caso, ¿se debería favorecer con financiación pública la provisión de servicios privados, es decir, apostar por modelos de sanidad pública prestada por entidades privadas?

Contestar a esto no es tarea fácil, al menos si se quiere hacer con cierto rigor. Madrid y su Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) son un buen ejemplo de esta apuesta, que tiene sus defensores y sus detractores. En este sentido, destaca el convenio firmado por la Administración autonómica con el grupo Quirón y la Fundación Jiménez Díaz. La factura de este centro se incrementó en un 26% desde 2011 a 2017, según los últimos datos publicados, pasando de 327,1 a 413,5 millones de euros. Esto supone una cantidad similar al presupuesto anual del hospital La Paz, el del Gregorio Marañón, o el del 12 de octubre, que tienen todos ellos por encima de 1000 camas, mientras que la Fundación Jiménez Díaz tiene 651. En cambio, el número de trabajadores supera los 6.500 en cada uno los hospitales públicos y la Fundación Jiménez Díaz tiene 3.884. En todos los casos la ratio trabajador/cama es similar pero, a diferencia de los hospitales de gestión pública, la Fundación abre sus puertas mañana y tarde, lo que ha favorecido que el número de pacientes atendidos se haya incrementado -en virtud de la libertad de elección de médico existente en la Comunidad de Madrid- año tras año. De menos de 12.000 pacientes atendido por la Fundación Jiménez Díaz en 2012 a casi 80.000 en 2022, lo que implica una mayor facturación ya que el SERMAS paga por servicios prestados. Modelo que por cierto cuestionó en 2018 la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid al constatar que algunos tratamientos se pagaban hasta seis veces más caros que el equivalente en un hospital de gestión pública.

Hay por tanto muchos elementos para analizar y tener en cuenta, pero quizá lo peor de esta polémica es que se haya llevado al barro político, haciendo de ello la izquierda una de sus principales banderas contra el gobierno de Isabel Diaz Ayuso, aunque, sin embargo, en otras autonomías gobernadas por el PSOE, también existen estos modelos de colaboración publico privada.

Unos y otros utilizan la sanidad como ariete a favor de sus intereses partidistas, sin importarles que los profesionales y los pacientes sean los daños colaterales de sus batallas políticas. Desde un lado no se tiene pudor en responsabilizar a los profesionales de los desbarajustes organizativos o la baja productividad, sin realizar el mínimo ejercicio de autocrítica en lo concerniente a la gestión y, desde el otro, culpabilizan de todos los males de la sanidad a la pérfida influencia del sector privado, que supuestamente habría parasitado el sector público con la aquiescencia y el beneplácito de sus adversarios políticos. En alguna ocasión lo he comentado con consejeros de Sanidad de dos Comunidades Autónomas de signo contrario, y coincidían en señalar cómo recibían el mismo argumentario en contra por parte de sus respectivas oposiciones.

En lo que hay consenso, político y social, es en que nuestro Sistema Nacional de Salud está en crisis, e incluso me atrevería a decir en riesgo de quiebra. Las causas son complejas, y desde luego alejadas de los análisis simples y populistas que se escuchan. Las principales razones de esta crisis responden principalmente al hecho de ser un sistema diseñado hace más de 40 años, cuando la asistencia sanitaria tanto en capacidades como en recursos era muy diferente. Además, la propia sociedad ha cambiado en sus expectativas y percepciones, por no mencionar la gran evolución tecnológica experimentada durante este tiempo, entre otras muchas cosas. También tiene que ver, y mucho, con un sistema de gestión de recursos humanos decimonónico, muy rígido, con poca capacidad para dar respuesta a los retos de un mercado laboral global que favorece la flexibilidad y la movilidad.

¿Por qué no empezamos por lo que nos une a todos?, que no es otra cosa que un sistema sanitario universal, accesible y equitativo para toda la población, que sólo se consigue con una sanidad pública fuerte, que funcione de forma eficiente y coordinada, bien gestionada y que evite derroche de recursos. En cómo lograr esto por supuesto cabe el debate técnico y también político, pero político con mayúsculas, no como elemento de confrontación y enfrentamiento.

Las amenazas y los retos para reformar nuestro Sistema Nacional de Salud no son pequeños: poblaciones más envejecidas, mayor necesidad de cuidados, nuevas tecnologías y tratamientos cada vez más eficaces y específicos, pero también más caros, como como las terapias con células CAR-T o la denominada “medina de precisión”, con tratamientos diseñados para cada paciente. Y a esto se suman todos los problemas que atraviesa la atención primaria, que impide que ejerza adecuadamente su papel central en la prestación de la asistencia sanitaria y cuidados de salud.

Se trata de buscar un nuevo modelo que responda a estos y otros tantos retos que muchas veces no tienen una única respuesta, pero que garantice una sostenibilidad en el tiempo, que no deje a nadie atrás, que aproveche bien todos los recursos y que necesita del compromiso de todos, también de los ciudadanos, mediante un uso razonable del sistema, adoptando hábitos de vida saludables que reduzcan el riesgo de enfermar.

Pero solo hay una fórmula para lograrlo y es hacerlo entre todos. Los mayores avances que hemos alcanzado en nuestra sociedad han sido gracias a grandes pactos y para eso “solo” se necesita visión a largo plazo, generosidad, compromiso social, y desde luego voluntad política.  Hace falta un gran Pacto Nacional por la Salud, al que no se puede llegar sin la participación y la voluntad de los partidos políticos, que deben liderarlo, pero en el que se escuchen también las voces de los pacientes, de los trabajadores, de las sociedades científicas, en definitiva, de todos. Solo mediante el acuerdo y el consenso podremos garantizar a nuestros hijos que van a seguir disfrutando de un Sistema Nacional de Salud, al menos, tan bueno como el que recibimos o mejor si cabe, capaz de seguir ofreciendo a quien lo necesite el mejor de los tratamientos y los mejores cuidados, que no expulse a sus trabajadores y que se haga un uso eficiente de todos los recursos que el conjunto de los ciudadanos pone a su disposición con el esfuerzo del pago de sus impuestos.

José María Antón García

Socio Fundador

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