Seguramente a todos nos ha llegado en estos días, por redes sociales fundamentalmente, lo de que “se están demoliendo presas y azudes en toda España”, algo que se viene repitiendo machaconamente y que estaría, supuestamente, en la raíz de lo que ha sucedido en referencia al trágico episodio de la DANA que ha golpeado fundamentalmente la provincia de Valencia en días pasados. Una manipulación de la verdad más en ese mar de noticias fake, desinformación y bulos uno detrás de otro que nos invaden. Un intento más de ganar la batalla de un relato político e ideológico. Aunque sea mentira.
Sí, en España existe un plan denominado Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que se inicia en nuestro país en 2006, a raíz de la Directiva Marco del Agua de 2000, de la Unión Europea. Un plan cuyo objetivo declarado es coordinar los esfuerzos de los países miembros en la conservación de las masas de agua existentes en Europa. O lo que es lo mismo: garantizar el mejor estado posible de ríos, lagos y aguas subterráneas, de sus ecosistemas, y asegurar la disponibilidad de ese recurso vital para la vida humana, lo que conlleva su sostenibilidad, regeneración y reducción de la contaminación que le afecta.
Uno de los elementos que se imponen en la aplicación de estos objetivos en un país como España, en el flanco sur de Europa, y de los más afectados por el riesgo de desertificación, consecuencia evidente de la falta de agua, es precisamente la renaturalización de los cauces fluviales, la recuperación de flujos naturales de agua de los que tanto uso -y abuso- se ha hecho durante mucho tiempo. No en vano debe recordarse, justamente, que el agua se conceptúa jurídicamente en España, de manera inseparable con el territorio por el que transcurre naturalmente, como un bien de dominio público: el dominio público hidráulico, plenamente regulado en nuestra legislación.
De hecho, la convicción del Estado de la necesidad de ordenar y proteger ese dominio público hidráulico, del agua y de los cauces naturales por los que discurre desde donde cae del cielo hasta desembocar en el mar, como siempre estudiamos en la escuela, ha sido tal que el legislador español ya redactó y promulgó una ley de aguas, la de 1866, antes incluso que el propio código civil de 1889, con una segunda versión incluso en 1879, excluyente de las aguas marinas, con la perspectiva de regular un bien colectivo destinado a satisfacer necesidades generales. A partir de esa primera legislación se distingue ya entre uso, utilización y aprovechamiento del agua, limitando justamente esos conceptos la idea de “dominio” sobre las aguas, quedando muy restringidas ya en ese momento las privadas frente a las públicas.
De aquellas regulaciones originales datan incluso algunos derechos reconocidos como “históricos” en algunos casos para el aprovechamiento de las aguas, de manera especial para el riego. Un sistema que se articuló a través del mecanismo de la concesión, es decir, de la autorización de un uso determinado de lo que es público previo pago de tasas y con un objetivo final que, aun privado, acarreara un beneficio socio-económico para el país.
Y de aquel comienzo hasta las actuales infraestructuras hidráulicas para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, algo que hoy identificamos fácilmente con grandes obras (presas y embalses, fundamentalmente), gestionadas y explotadas por empresas precisamente con ese régimen de concesión sometido a plazo temporal y condiciones propias de carácter jurídico y técnico, y entre ellas, las medioambientales que exigen la restauración de los cauces naturales a su estado original al término de tales concesiones).
¿Son esas las “presas” que el malvado Gobierno está destruyendo aplicando los infernales planes de Europa? Pues no. La ya referida Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que actualmente vive su versión para el periodo 2023-2030, mantiene la línea de trabajo iniciada hace ya dos décadas de desmantelamiento de infraestructuras hidráulicas abandonadas u obsoletas, que no cumplen ninguna función socio-económica, y que incluso suponen un obstáculo a la continuidad natural de los ríos. Y esas son las barreras que se han ido eliminando en los últimos casi veinticinco años: barreras físicas irrelevantes posiblemente a la percepción humana, pero que han empobrecido la fauna y flora autóctonas de los ecosistemas fluviales al impedir procesos naturales como la migración aguas arriba de determinadas especies para el desove y su reproducción y supervivencia, o provocando excesos de sedimentación y elevación de los fondos de los cauces con el consiguiente aumento de desbordamiento en caso de crecida.
En España, los azudes demolidos, como se ha dicho, por estar en desuso u obsoletos, son en su gran mayoría de una altura inferior a los dos metros, por lo que tampoco tenían una funcionalidad de retención de agua en caso de crecida intensa relevante. En ningún caso. Es más: los datos de capacidad de almacenamiento de agua en embalses españoles no han hecho más que aumentar, algo que sería imposible si realmente se estuviera dejando correr el agua sin retenerla, como se afirma por quienes simplemente ignoran, voluntaria e interesadamente muchas veces, la realidad. En 2024, sirvan los datos publicados al efecto, la capacidad es de más de 56.000 Hm3 frente a los menos de esa cifra hace una década.
Los datos, en todo caso, están todos publicados y son accesibles para no ya instituciones o expertos, sino para cualquier ciudadano que quiera de verdad informarse sobre qué hay detrás de la última paranoia conspiranoica de ciertos agoreros a los que, como a un servidor, no les gusta el Gobierno que tenemos en España. Pero las simpatías, las adhesiones y, por supuesto, los votos debieran ganarse con verdades, y estas estar basadas en datos reales y comprobables. Y hay quienes, aparentemente, quieren gobernar este país con mentiras y con mentalidades anteriores incluso a aquellas normas legales sobre el agua del siglo XIX, mirando constantemente hacia atrás por el miedo atávico a lo que, simplemente, se ignora. Algo, por otra parte, propio del futuro, pero que se atenúa con el conocimiento y la ciencia que promueve la razón.
Nada como la verdad transparente. Como el agua misma.
Juan Ignacio López-Bas Valero
Presidente – Nexo Plataforma
